El Gobierno debe disponer de las unidades de colectivos a través y restablecer el servicio de transporte urbano de pasajeros. En simultáneo, las autoridades deben promover una denuncia penal en contra de los empresarios tucumanos a los que se concesionaron las líneas de ómnibus. Este es el planteo que formalizó el legislador radical José Ricardo Ascárate, mediante una nota que remitió al gobernador, Juan Manzur, al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

El miembro del bloque Hipólito Yrigoyen puntualiza que, desde el año pasado, la Nación y la Provincia cumplen con el pago de los subsidios al transporte, “que suman alrededor de 200 millones de pesos mensuales”. A esos aportes -consigna- se deben sumar los 600 millones de pesos anuales, “subsidio que la Legislatura Provincial tucumana envía por convenio a los empresarios de transporte automotor por el pago de los abonos estudiantiles en toda la provincia”.

El opositor manifiesta que, a pesar de todos estos aportes estatales, “hoy observamos nuevamente como empresarios irresponsables dejan a los ciudadanos a pie, en medio de una situación de pandemia. Debieran como mínimo asegurarse los medios para que el personal de salud pueda asistir a su lugar de trabajo”, reclamó.

Al respecto, Ascárate reclamó, por un lado, la aplicación del artículo 38 de la Ley de Transporte (6.210). La norma establece que, “cuando las circunstancias y urgentes necesidades públicas debidamente comprobadas y justificadas hagan necesario asegurar la continuidad de un servicio paralizado por causas imputables al concesionario”, la Casa de Gobierno podrá disponer de todo el material rodante de los privados mediante la de la Dirección de Transporte y restablecer las prestaciones.

Por otro lado, advirtió que la interrupción del servicio público por falta de pago de salarios por parte de los empresarios, representa un incumplimiento a los decretos de necesidad y urgencia de la Presidencia de la Nación, en los cuales se establece que el transporte de pasajeros es un servicio esencial en la pandemia. Esta situación “se debe denunciar ante la Justicia porque podría configurar delitos”, concluyó.

La aplicación de la ley puede hacer caducar concesiones

El legislador radical José Ascárate propone que el Poder Legislativo se pronuncie respecto del conflicto del transporte. Mediante un proyecto, pide que la Cámara resuelva pedirle explicaciones sobre la problemática del transporte a la Casa de Gobierno. Por el otro, que se solicite la urgente aplicación de la Ley de Transporte, que en su artículo 38, que autoriza al Gobierno a declarar la caducidad de las concesiones.